Hasta cuatro contratos, con incrementos de precios que al final rondaban 600%, obligaban a firmar a los compradores inmobiliarias como el Proyecto Zeta 10, constructora del conjunto residencial Brisas de Paraparal, en el estado Carabobo.
Aunque sobre este urbanismo no recae una de las medidas de intervención que anunció el Estado en 33 complejos, Libismar confía en que su caso será atendido por las autoridades. "Queremos que se cumpla todo el peso de la ley", expresó en el programa Despertó Venezuela transmitido por Venezolana de Televisión (VTV) este miércoles.
René Navarro es otra de las víctimas de los estafadores inmobiliarios. Su vivienda está ubicada en las residencias El Fortín Nueva Casarapa, en el estado Miranda, sobre la cual la República dictó acciones de intervención para proteger a los compradores. Explicó, en el espacio televisivo, que los constructores pretendían cobrar el ilegal Índice de Precios al Consumidor (IPC) a 640 familias, y, además, incumplieron las condiciones de la construcción y retrasaron las obras.
Aunque se comprometieron a culminar las 20 torres en febrero de 2010, no lo hicieron. "Estamos muy agradecidos con los anuncios del presidente Hugo Chávez", expresó. Tras precisar que interpusieron una demanda contra la inmobiliaria ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afirmó: "Creemos en las instituciones, en las leyes. Sabemos que tarde o temprano se hará justicia".
¡El cobro del IPC es ilegal, No lo pagues!
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