La medida de expropiación que este domingo anunció el presidente de la República, Hugo Chávez, sobre seis conjuntos residenciales, recae sobre inmobiliarias privadas que estafaron de manera continuada a familias venezolanas, a las cuales les exigieron elevadas sumas de dinero con la promesa de entregarles una vivienda que jamás concretaron.
Así lo resaltó este martes el ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, quien añadió: "Los compradores son los beneficiarios, que ven luz al final del túnel y sienten la seguridad, gracias a la intervención del Estado, de que por fin obtendrán su vivienda".
"Los compradores tienen un derecho adquirido, porque tienen en su mano un documento que no respetaron las empresas privadas. El Gobierno los hará respetar", expresó Molina en Venezolana de Televisión (VTV). Indicó que este lunes comenzaron las evaluaciones de cada uno de los urbanismos sobre los cuales pesan las medidas.
Indicó que el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) tiene varios meses levantando información de los adquirientes, los inmuebles y montos cancelados. Señaló que en esas mesas de trabajo entre instituciones y familias víctimas de la estafa se generaron espacios de discusión y se exigió a las promotoras inmobiliarias que cumplieran con su deber, pero éstas no dieron respuestas. Por ello, el Estado tuvo que intervenir para asegurar el respeto a los derechos de los propietarios.
Reiteró que los apartamentos se entregarán a los adquirientes al precio que pactaron inicialmente, y que el Estado asumirá la culminación de las obras. "Hay un compromiso que estamos obligados a mantener", agregó.
Molina puntualizó que el Estado tomó estas acciones "para garantizar la propiedad privada de las familias venezolanas, en este caso, de clase media". Recordó que estas construcciones son financiadas en parte por créditos de la banca, que cuentan con tasas de interés preferenciales ordenadas por el Gobierno. Pese a ello, las inmobiliarias "extorsionan a la gente, cobran cuotas indebidas, tienen precios finales exorbitantes, irrespetando la búsqueda de la propiedad privada por la que trabaja la familia venezolana".
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