La comisión mixta de la Asamblea Nacional (AN) para atender las demandas contra el cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC), por parte de constructoras, inmobiliarias y otras empresas de compras programadas, quedó formalmente instalada este martes durante un acto instalado en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El diputado Dario Vivas, quien presidirá dicha comisión, explicó que la dinámica de trabajo consistirá en atender y canalizar todas aquellas demandas expuestas por las familias afectadas, que, según señaló, son unas 100 mil en todo el país.
El IPC constituye un indicador que usa el Banco Central de Venezuela para calcular la inflación. Las constructoras, y también algunas firmas que venden vehículos mediante sistemas de compras programadas, usan el mismo método para incrementar las cuotas que los compradores se comprometen a pagar al firmar un contrato.
Luego de que el TSJ admitió la demanda en cuestión, la Feveacu llamó a todos los venezolanos que se sintieran afectados por el problema a presentar sus denuncias personales en la sede del máximo tribunal, de manera que éstas se tradujeran en demandas adicionales sobre el mismo caso.
Ante tal llamado, y desde este 6 de mayo hasta la fecha, el TSJ ha recibido denuncias por parte de 900 familias, indicó Darío Vivas, antes de aclarar que las personas residenciadas en el interior del país, interesadas en sumarse a la iniciativa, deben hacer el esfuerzo de trasladarse hasta la sede del TSJ, en Caracas, y que tendrán oportunidad hasta el próximo 27 de mayo.
El diputado Dario Vivas, quien presidirá dicha comisión, explicó que la dinámica de trabajo consistirá en atender y canalizar todas aquellas demandas expuestas por las familias afectadas, que, según señaló, son unas 100 mil en todo el país.
El IPC constituye un indicador que usa el Banco Central de Venezuela para calcular la inflación. Las constructoras, y también algunas firmas que venden vehículos mediante sistemas de compras programadas, usan el mismo método para incrementar las cuotas que los compradores se comprometen a pagar al firmar un contrato.
Luego de que el TSJ admitió la demanda en cuestión, la Feveacu llamó a todos los venezolanos que se sintieran afectados por el problema a presentar sus denuncias personales en la sede del máximo tribunal, de manera que éstas se tradujeran en demandas adicionales sobre el mismo caso.
Ante tal llamado, y desde este 6 de mayo hasta la fecha, el TSJ ha recibido denuncias por parte de 900 familias, indicó Darío Vivas, antes de aclarar que las personas residenciadas en el interior del país, interesadas en sumarse a la iniciativa, deben hacer el esfuerzo de trasladarse hasta la sede del TSJ, en Caracas, y que tendrán oportunidad hasta el próximo 27 de mayo.
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