miércoles, 6 de mayo de 2009

Asamblea Nacional designará Comisión Especial para tratar cobro ilegal del IPC.


El diputado Darío Vivas, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana señaló que plantean solicitar al TSJ que se establezca la retroactividad y la reestructuración de los créditos, y anunció la creación de una ley sobre esta materia.

La Asamblea Nacional designará este jueves, una Comisión Especial que se encargará de tratar lo relativo al cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor en la compra de viviendas, la cual estará presidida por el diputado Darío Vivas y conformada además por los mismos asesores que trabajaron en el caso de la Cuota Balón y Créditos Indexados.

La información la suministró el propio diputado Darío Vivas, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, luego de la asamblea de ciudadanos afectados por el cobro del IPC en la compra de viviendas, que tuvo lugar este miércoles en horas de la mañana, en el Palacio Federal Legislativo.

Afirmó el parlamentario que se está ante la presencia de una violación flagrante de la Constitución, la cual señala que la usura es inconstitucional, pero la siguen ejerciendo los constructores, “nosotros creemos que estamos ante un caso de usura, ya hay un pronunciamiento y jurisprudencia en el Tribunal Supremo de Justicia cuando sentenció que no se podía indexar ningún tipo de cobro como pasó con los créditos indexados, con la cuotas balón y con las tarjetas de crédito y esta sería un nuevo elemento que se suma a la voracidad de parte de constructores inescrupulosos, y ya hay un nombre concreto, como Azpúrua, que hemos dicho que es uno de los reyes de la especulación”.

Indicó que en Nueva Casarapa hay más 800 familias engañadas y estafadas por una empresa de la familia Azpúrua, “y como ese caso hay muchos y lo que se trata es de hacer justicia y pasar una vez que se de la sentencia, vamos hacer un llamado al Ministerio Público, ya que no sólo se trata de un cobro usurero, que lo es, o de indexar, que es ilegal e inconstitucional sino que se trata de un hurto que se está haciendo contra la familia y el Ministerio Público tiene que actuar allí para proceder a abrir un expediente y proceder a imputar a estas constructoras que actúan de esa manera”.

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