Representantes de la AN, Indepabis y Fecavu (Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios) acudirán el próximo martes al Ministerio Público para denunciar a las constructoras e inmobiliarias involucradas en el cobro ilegal del IPC en la preventa inmobiliaria.
Así lo anunció el diputado Darío Vivas, presidente de la Comisión Mixta que investiga el tema, a la salida de la segunda reunión con representantes de la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Indepabis, Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, Procuraduría General y Fevacu, celebrada en el Palacio Federal Legislativo.
Refirió el parlamentario que actualmente existen 125 mil familias afectadas y están en marcha 152 desarrollos habitacionales en 17 estados del país que involucran a 112 empresas constructoras en el cobro ilegal del IPC; indicador que sólo debería ser utilizado para transacciones de orden fiscal. Así mismo, se está a la espera de que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie ante la demanda introducida por Fevacu, a la cual se adhirieron 1.600 familias venezolanas para rechazar este cobro.
La Comisión Mixta también hizo un llamado al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda para que derogue el artículo 2 de la Resolución 098 dictada por el anterior Ministerio de Vivienda y Hábitat, la cual deja dudas en torno a la legalidad o no del cobro del IPC.
Nueva indexación disfrazada
Por otra parte, el diputado Darío Vivas denunció que ante la inminente decisión a favor de los afectados por el cobro ilegal del IPC por parte del máximo tribunal del país, algunas constructoras están aplicando una nueva modalidad de indexación, ésta vez basada en unidades tributarias.
Pruebas en manos, Vivas señaló que esta nueva figura estaría siendo introducida en los contratos de preventa del Conjunto Residencial Los Cedros, en el estado Carabobo.
"A través de documentos leoninos que tienen cláusulas que sólo elaboran una parte, se fija la inicial de la vivienda y se establece que el precio definitivo sólo será definido a la hora de protocolizar ante el Registro Subalterno y tomando como base el precio de la unidad tributaria. Es decir, no hay precio final de la vivienda, es un monto arbitrario”.
Por su parte, la diputada Laura Valls, miembro de la Comisión de Administración y Servicios, propuso la publicación de una resolución que prohíba la preventa de inmuebles hasta tanto se produzca el fallo del TSJ.
Por su parte, la diputada Laura Valls, miembro de la Comisión de Administración y Servicios, propuso la publicación de una resolución que prohíba la preventa de inmuebles hasta tanto se produzca el fallo del TSJ.
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