Aseguró Augusto Montiel, que se han venido adelantado medidas de prohibición enajenación de los inmuebles, y se está trabajando en función de aplicarles medidas penales, administrativas u otra series de medidas a las empresas constructoras que incumplan con el decreto publicado en Gaceta Oficial número 39.055 que regula la aplicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en el proceso de compra – venta de viviendas.
Para la próxima semana será cuando se lleve a cabo la "Asamblea de Victimas de Constructores y Estafas Inmobiliarias (IPC y otros delitos) Organización y Soluciones", acto que se realizará en los previos del Hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional, para dar respuesta a las inquietudes de más de 50 mil familias que han sido víctimas de estafa al cobro ilegal del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) o IPC, y delitos conexos. Así lo aseguró el Diputado Augusto Montiel.
Explicó Montiel, que las investigaciones realizadas en el Parlamento evidencian la existencia de "estafas y otros delitos tipificados en la legislación venezolana, y a la fecha siguen llegando denuncias de este tipo a pesar de la intimidación, a pesar amedrentamiento y a la coacción que hacen sobre las familias, para que cambien contratos para que firmen nuevos contratos sobre la base de nuevos urbanismos que existen en papel pero las empresas constructoras no han removido ni un grano de arena sobre esos terrenos". El parlamentario hizo un llamado a las personas que se siente afectada por este tipo de delito a que no deben firmar los contratos, o aceptar la presión indebida por parte de las empresas constructoras.
"Nadie debe aceptar la presión indebida por parte de las empresas constructoras delincuentes, que sistemáticamente utilizando formatos comunes todos pertenecientes a la Cámara de la Construcción y a la Cámara Inmobiliaria, se han convertidos en perfectos delincuentes, hoy descubiertos por las miles de familias que están colocando las denuncias y que no están dispuestas a que sus derechos sean violentados" afirmó.
Aseguró Augusto Montiel, que este es un problema nacional, pues a su juicio, estima que son más de 200 mil familias en todo el territorio nacional y que esto ha sido una conducta sistemática para robarles el dinero a las familias y hacer uso de ese dinero por parte de la Cámara de Constructores. Aseveró el parlamentario que se está trabajando conjuntamente con Indepabis, Vicepresidencia de la República, Sala Situacional de las Víctimas, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Tribunal Supremo de Justicia y otras instituciones del Estado, ya que a su juicio se ha venido adelantado medidas de prohibición enajenación de los inmuebles.
Es por ello que el parlamentario hizo un llamado a las familias que han sido víctimas de este cobro ilegal del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) o IPC, y delitos conexos. Y no han realizado la denuncia correspondiente a que asistan la próxima semana a la Asamblea Nacional, para que expongan su caso y brindarles a esas familias todo el apoyo necesarios.
¡El cobro del IPC es ilegal, No lo pagues!
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