El diputado Augusto Montiel, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, denunció que alrededor de 50 empresas constructoras disfrazan la aplicación del índice de precios al consumidor al valor de las viviendas en preventa prohibida por el Gobierno en 2009 con cobros por términos como compensación o justiprecio.
Montiel informó que han recibido 8.000 denuncias de compradores que se niegan a realizar pagos adicionales a los establecidos en sus contratos.
Les están cobrando entre 50 millones y 200 millones de bolívares por conceptos que son un IPC disfrazado. Los amenazan con no entregarles el inmueble, además de retrasar la construcción para presionarlos. El Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios creó una sala situacional, según Montiel, para recibir las denuncias de los afectados y emprender las acciones correspondientes.
Hay que aplicar medidas administrativas e incluso abrir procesos judiciales, porque la forma de proceder de estas empresas puede tipificarse como estafa, afirmó.
Martini recordó que los problemas existentes con el suministro de insumos como acero y cemento pudieran ser la causa del retraso en algunos proyectos residenciales. Por eso, considera que el Gobierno debe escuchar la versión de los constructores y revisar cada caso de manera individual.
Roberto León Parilli, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores, dijo que lo mejor es buscar un equilibrio. En un país con la inflación que hay en Venezuela debe haber un mecanismo de ajuste de precios. Pero el cálculo del IPC no puede quedar en manos de los constructores sino de los organismos correspondientes.
¡El cobro del IPC es ilegal, No lo pagues!
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