Más de trescientos medidas de prohibición de enajenar y gravar bienes, contra las inmobiliarias y constructoras, que con diversas artimañas violentan el acceso a la vivienda de más de 50 mil familias venezolana, ha establecido el Indepabis.
Las afirmaciones son del diputado Augusto Montiel y de Aura Hernández, presidenta del Indepabis, desde la sala situacional que, para atender la problemática del cobro ilegal del IPC; se estableció en este organismo donde participan la Asamblea Nacional, los ministerios de Comercio y Vivienda, así como la Vicepresidencia de la República. Esto significa que hasta que no haya una sentencia firme o una decisión sobre estos casos no se puede tomar ninguna acción de venta o entrega del inmueble.
Destacaron los funcionarios que el modus operandi convierte a estas empresas en mafias organizadas, para afectar el bolsillo de más de 50 mil familias venezolanas, llegando a casi 200 mil personas las afectadas directamente. Por ello en las últimas semanas ha habido una intensificación del trabajo, con la creación de una sala situacional donde los voceros y voceras de todos los comités y asociaciones de afectados, han hecho uso del derecho constitucional de corresponsabilidad en la gestión pública.
El Indepabis tiene hasta el momento 2 mil denuncias sustanciadas y está en un proceso de diagnóstico a nivel nacional para conocer la problemática y establecer las actuaciones que la ley prevé a fin de sancionar estas conductas irregulares que vulneran la tranquilidad y los derechos de la familia venezolana, señaló Aura Hernández.
Explicó Montiel que la ley establece sanciones desde la imposición de multas entre 100 a 5000 mil unidades tributarias y el cierre temporal o total de inmobiliarias que impiden el acceso a bienes. No obstante lo fundamental es que tienen que reintegrar el dinero cobrado en exceso y cada una de estas familias debe recibir su vivienda por la cual ha cancelado puntualmente.
¡El cobro del IPC es ilegal, No lo pagues!
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