Indepabis procesa más de mil 800 denuncias de personas afectadas por el cobro del IPC.

Más de mil 800 denuncias ha recibido el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), a través de las diversas oficinas que tiene dicha institución en todo el país, debido al cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y diversas violaciones en el área inmobiliaria.

Así lo expresó este miércoles, Aura Hernández Moreno, presidenta del Indepabis, desde la Sala Situacional de dicha institución en Caracas, donde se encuentra reunida con algunos de los afectados, quienes se acercaron para exponer su situación ante el abuso de las constructoras en el cobro del IPC y el incumplimiento en las contrataciones. Hernández manifestó que todas las denuncias recibidas han sido concretadas a través de expedientes abiertos para su investigación.

Explicó que el Indepabis ha tomado acciones, según lo establece la ley, con más de mil 300 medidas de prevención en todo el territorio nacional, con el fin de que así los propietarios puedan hacer uso de su inmueble; para que lo puedan ocupar o vender.

¡El cobro del IPC es ilegal, No lo pagues!

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Más de 300 prohibiciones de enajenar y gravar han sido establecidas sobre constructoras.

Más de trescientos medidas de prohibición de enajenar y gravar bienes, contra las inmobiliarias y constructoras, que con diversas artimañas violentan el acceso a la vivienda de más de 50 mil familias venezolana, ha establecido el Indepabis.

Las afirmaciones son del diputado Augusto Montiel y de Aura Hernández, presidenta del Indepabis, desde la sala situacional que, para atender la problemática del cobro ilegal del IPC; se estableció en este organismo donde participan la Asamblea Nacional, los ministerios de Comercio y Vivienda, así como la Vicepresidencia de la República. Esto significa que hasta que no haya una sentencia firme o una decisión sobre estos casos no se puede tomar ninguna acción de venta o entrega del inmueble.

Destacaron los funcionarios que el modus operandi convierte a estas empresas en mafias organizadas, para afectar el bolsillo de más de 50 mil familias venezolanas, llegando a casi 200 mil personas las afectadas directamente. Por ello en las últimas semanas ha habido una intensificación del trabajo, con la creación de una sala situacional donde los voceros y voceras de todos los comités y asociaciones de afectados, han hecho uso del derecho constitucional de corresponsabilidad en la gestión pública.

El Indepabis tiene hasta el momento 2 mil denuncias sustanciadas y está en un proceso de diagnóstico a nivel nacional para conocer la problemática y establecer las actuaciones que la ley prevé a fin de sancionar estas conductas irregulares que vulneran la tranquilidad y los derechos de la familia venezolana, señaló Aura Hernández.

Explicó Montiel que la ley establece sanciones desde la imposición de multas entre 100 a 5000 mil unidades tributarias y el cierre temporal o total de inmobiliarias que impiden el acceso a bienes. No obstante lo fundamental es que tienen que reintegrar el dinero cobrado en exceso y cada una de estas familias debe recibir su vivienda por la cual ha cancelado puntualmente.

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8.000 denuncias ha recibido el Parlamento por cobro ilegal del IPC.

El diputado Augusto Montiel, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, denunció que alrededor de 50 empresas constructoras disfrazan la aplicación del índice de precios al consumidor al valor de las viviendas en preventa ­prohibida por el Gobierno en 2009­ con cobros por términos como compensación o justiprecio.

Montiel informó que han recibido 8.000 denuncias de compradores que se niegan a realizar pagos adicionales a los establecidos en sus contratos.

Les están cobrando entre 50 millones y 200 millones de bolívares por conceptos que son un IPC disfrazado. Los amenazan con no entregarles el inmueble, además de retrasar la construcción para presionarlos. El Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios creó una sala situacional, según Montiel, para recibir las denuncias de los afectados y emprender las acciones correspondientes.

Hay que aplicar medidas administrativas e incluso abrir procesos judiciales, porque la forma de proceder de estas empresas puede tipificarse como estafa, afirmó.

Martini recordó que los problemas existentes con el suministro de insumos como acero y cemento pudieran ser la causa del retraso en algunos proyectos residenciales. Por eso, considera que el Gobierno debe escuchar la versión de los constructores y revisar cada caso de manera individual.

Roberto León Parilli, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores, dijo que lo mejor es buscar un equilibrio. En un país con la inflación que hay en Venezuela debe haber un mecanismo de ajuste de precios. Pero el cálculo del IPC no puede quedar en manos de los constructores sino de los organismos correspondientes.

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Más de 60.000 afectados por cobro ilegal de IPC.

La Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios denunció que empresas obligan a los compradores a firmar un nuevo contrato con un precio más elevado que el inicial

El presidente de la Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, Arnoldo Benítez, afirmó que son más de 60.000 los afectados en el país por la aplicación del índice de precios al consumidor, para ajustar el valor de las viviendas adquiridas en preventa.

Aunque la resolución 110 del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda prohibió el llamado cobro por IPC, diputados de la Asamblea han denunciado en los últimas días que hay constructoras que siguen exigiendo pagos por este concepto.

Benítez dijo que muchas empresas pretenden obligar a los compradores a cambiar el contrato original el cual fijaba un valor que luego se ajustaría en función del IPC, algo que ya no se puede hacer para firmar uno con un precio mucho más elevado que el inicial.

Aseguró que los aumentos por inflación no sólo están prohibidos por la resolución gubernamental sino que también contradicen la legislación vigente. "Los contratos que estipulaban el cobro de IPC son ilegales desde el mismo momento en que se firmaron". Por eso, no entiende lo permisivo que ha sido el Gobierno con esta práctica. "Eso de que se preocupan por las necesidades de la gente parece ser mentira. La mejor prueba es que no hay institución del Estado que haga cumplir la resolución 110", agregó.

El presidente de Fevacu expresó que el interés de los parlamentarios oficialistas por el tema es sólo una estrategia para sumar votos. "El Indepabis y la Fiscalía implementaron el año pasado un plan para recibir denuncias de los afectados sin mayores resultados. Ahora quieren revivirlo con fines electorales". Benítez hizo un llamado al TSJ para que emita una sentencia sobre la demanda que introdujeron en 2008, para exigir que los compradores de viviendas en preventa sean resarcidos por los pagos que hicieron por concepto de IPC.

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MinVivienda se sumó a la sala que canaliza medidas frente a estafas de constructoras.

El Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat se sumó este miércoles a la sala situacional que integran diversos organismos gubernamentales y representantes de las 167 mil familias afectadas por las estafas y otros ilícitos que han venido practicando empresas constructoras en todo el país.

La sala situacional en cuestión fue instalada el pasado lunes en la sede principal del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), ubicada en la avenida Libertador de Caracas.

El titular de Vivienda, Ricardo Molina, dijo que aún no se han definido cuáles serán las soluciones concretas, debido a la reciente instalación de la sala situacional, pero adelantó que la situación requiere cambios profundos en el sector construcción, más allá de las respuestas que las familias afectadas esperan en el corto plazo.

“Las soluciones serán muy diversas, todavía no se han acordado porque estamos empezando, pero más allá de eso, creo que debemos provocar cambios profundos. En mi opinión personal, estamos llegando a un punto de inflexión en cuanto al comportamiento de las constructoras privadas, que trabajan muchas veces con recursos del Fondo de Ahorro Habitacional, recursos que son de todos los venezolanos y son usados para beneficiar a grupos económicos particulares. Eso se tiene que acabar”, precisó.

Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional (AN) que coordina la sala situacional, Augusto Montiel, reiteró el llamado a todas las familias afectadas por el cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y otras irregularidades que practican las constructoras, para que se sumen a la iniciativa.

Montiel también indicó que la sala situacional funcionará, permanentemente, a nivel nacional y en espacios habilitados por todas las instituciones que participan: “Igualmente, una vez iniciado el periodo de sesiones ordinarias en la AN, a partir del próximo 15 de septiembre, habrá un espacio para todos los voceros y voceras de los comités de afectados”.

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Instalada Sala Situacional para hacer seguimiento a estafas por cobro del IPC.

Una Sala Situacional para investigar detalladamente los mecanismos de fraude empleados por constructoras y promotoras de urbanismo, al exigir el cobro ilegal del IPC a miles de ciudadanos que requieren una vivienda, fue instalada en la sede del Indepabis, según los dio a conocer el presidente de la subcomisión de Gestión Pública y Poder Popular, diputado Augusto Montiel.

El parlamentario, quien forma parte de la Comisión de Participación Ciudadana aseguró que es deber de las diferentes organizaciones gubernamentales y estadales del país resguardar los intereses y derechos de las 167 mil ciudadanos afectados, que están siendo atropellados y ofendidos por la cámara constructora y la cámara inmobiliaria, “las cuales han tratado de quitarle sus apartamentos después de que algunas familias han pasado 3, 4 y hasta 5 años pagándolos dignamente”.

“Exigimos la prohibición del cobro del IPC, el reintegro por esos cobro ilegales, además del pago por daños y perjuicios por el tiempo que estas constructoras hicieron permanecer a estas familias fuera de sus hogares”, señaló.

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Instalada sala situacional para investigar cobro ilegal del IPC.

El diputado Augusto Montiel explicó que esta medida busca gestionar las acciones que resguardarán los intereses y derechos de las 167 mil familias atropelladas.

Este lunes se instaló una sala situacional para garantizar que se cumplan los dictámenes de las autoridades a favor de los afectados por el cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La mesa está conformada por representantes de las familias perjudicadas por el cobro ilegal del en el pago de cuotas para la adquisición de apartamentos y voceros de diferentes urbanismos instalaron.

El diputado de la Asamblea Nacional, Augusto Montiel, informó que esta comisión fue ubicada en el edificio sede del Indepabis en Caracas “para investigar y gestionar las medidas que resguardarán los intereses y derechos de las 167 mil familias atropelladas y ofendidas por los mecanismos de las cámaras de la construcción e inmobiliarias que pretenden quitarle sus apartamentos por los que han pagado desde hace tres y cinco años”.

“Los voceros de varios urbanismos estarán colaborando con las instituciones para que se efectúan cada una de las decisiones del Poder Judicial, Ciudadano, Legislativo y Ejecutivo porque debe cumplirse respeto a la ciudadanía por parte de comerciantes”.

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Improcedente solicitud de suspensión de Resolución del Mopvi que prohíbe el cobro del IPC

La Sala Político Administrativa, en ponencia del magistrado Emiro García Rosas, declaro improcedente la medida cautelar innominada “de suspensión de efectos” solicitada por las asociaciones civiles Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Cámara del Urbanismo y de la Construcción del estado Mérida, y la sociedad mercantil Promotora Parque La Vega C.A., contra una Resolución dictada por el Ministerio del Poder Popular Para las Obras Públicas y Vivienda.

En el presente caso el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa remitió a la Sala el cuaderno separado contentivo de las copias certificadas del recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud cautelar de amparo constitucional y, subsidiariamente, “medida cautelar innominada de suspensión de efectos”, por la CVC, Promotora Parque La Vega C.A. y, la Cámara del Urbanismo y de la Construcción del estado Mérida.

El recurso fue interpuesto contra la Resolución N° 110 del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.197 del 10 de junio de 2009, que prohibió el cobro de cuotas, alícuotas, porcentajes y/o sumas adicionales de dinero, basados en la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o de cualquier otro mecanismo de corrección monetaria, en los contratos que tengan por objeto la adquisición de viviendas, suscritos o por suscribirse por los sujetos comprendidos en el Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.

Al pronunciarse sobre la medida cautelar innominada, constató la Sala del Alto Tribunal del país que se solicitó la medida cautelar innominada a los fines de que se suspendan los efectos del acto impugnado.

Indica la sentencia que en relación con los vicios de inconstitucionalidad denunciados, la Sala realizó un estudio preliminar al decidir improcedente la medida cautelar de amparo constitucional, mediante sentencia N° 00098 del 28 de enero de 2010, oportunidad en la que se determinó que la parte solicitante se limitó a sostener que la prohibición del cobro de las cuotas basados en el IPC en los contratos para la adquisición de viviendas sometidas al Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, vulneró sus derechos y garantías constitucionales, “sin fundamentar adecuadamente su solicitud, estableciendo casos concretos de las supuestas violaciones. Por tal razón se tiene por reproducido en esta oportunidad dicho análisis y, en consecuencia, se desestiman los alegatos de inconstitucionalidad denunciados”, siendo declarada improcedente la medida cautelar solicitada.

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