Más de 50 mil familias afectadas por cobro del IPC a nivel nacional.

Aseguró Augusto Montiel, que se han venido adelantado medidas de prohibición enajenación de los inmuebles, y se está trabajando en función de aplicarles medidas penales, administrativas u otra series de medidas a las empresas constructoras que incumplan con el decreto publicado en Gaceta Oficial número 39.055 que regula la aplicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en el proceso de compra – venta de viviendas.

Para la próxima semana será cuando se lleve a cabo la "Asamblea de Victimas de Constructores y Estafas Inmobiliarias (IPC y otros delitos) Organización y Soluciones", acto que se realizará en los previos del Hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional, para dar respuesta a las inquietudes de más de 50 mil familias que han sido víctimas de estafa al cobro ilegal del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) o IPC, y delitos conexos. Así lo aseguró el Diputado Augusto Montiel.

Explicó Montiel, que las investigaciones realizadas en el Parlamento evidencian la existencia de "estafas y otros delitos tipificados en la legislación venezolana, y a la fecha siguen llegando denuncias de este tipo a pesar de la intimidación, a pesar amedrentamiento y a la coacción que hacen sobre las familias, para que cambien contratos para que firmen nuevos contratos sobre la base de nuevos urbanismos que existen en papel pero las empresas constructoras no han removido ni un grano de arena sobre esos terrenos". El parlamentario hizo un llamado a las personas que se siente afectada por este tipo de delito a que no deben firmar los contratos, o aceptar la presión indebida por parte de las empresas constructoras.

"Nadie debe aceptar la presión indebida por parte de las empresas constructoras delincuentes, que sistemáticamente utilizando formatos comunes todos pertenecientes a la Cámara de la Construcción y a la Cámara Inmobiliaria, se han convertidos en perfectos delincuentes, hoy descubiertos por las miles de familias que están colocando las denuncias y que no están dispuestas a que sus derechos sean violentados" afirmó.

Aseguró Augusto Montiel, que este es un problema nacional, pues a su juicio, estima que son más de 200 mil familias en todo el territorio nacional y que esto ha sido una conducta sistemática para robarles el dinero a las familias y hacer uso de ese dinero por parte de la Cámara de Constructores. Aseveró el parlamentario que se está trabajando conjuntamente con Indepabis, Vicepresidencia de la República, Sala Situacional de las Víctimas, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Tribunal Supremo de Justicia y otras instituciones del Estado, ya que a su juicio se ha venido adelantado medidas de prohibición enajenación de los inmuebles.

Es por ello que el parlamentario hizo un llamado a las familias que han sido víctimas de este cobro ilegal del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) o IPC, y delitos conexos. Y no han realizado la denuncia correspondiente a que asistan la próxima semana a la Asamblea Nacional, para que expongan su caso y brindarles a esas familias todo el apoyo necesarios.

¡El cobro del IPC es ilegal, No lo pagues!

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Diputado Augusto Montiel: AN intervendrá a favor de familias afectadas por constructoras.

El diputado Augusto Montiel, vicepresidente de la subcomisión de Gestión Pública y Poder Popular de la Asamblea Nacional, anunció la creación de una Mesa de Alto Nivel con la participación de varias instituciones para tratar de restituir la justicia que ha sido quebrantada y violentada por dueños de constructoras en perjuicio de unas cincuenta mil quinientas familias a nivel nacional.

Dijo que más de doscientos urbanismos en los que habitan desde diez familias, hasta quinientas, se encuentran afectadas porque los constructores han incumplido los contratos, montos, la protocolización y otras reglas.

Comentó que ahora les exigen a los afectados que firmen un nuevo contrato. Por ello, todas las decisiones que se están tomando desde la Sala Situacional, que se ha conformado en la Vicepresidencia de la República, con la Subcomisión de Gestión Pública y Poder Popular y los afectados, está funcionando permanentemente con las vocerías de varios organismos para buscarle una solución al problema.

El diputado Montiel expresó que se ha establecido el "estafagrama", instrumento que les ha permitido describir las distintas formas de estafa y modus operandi en la captación de recursos de las familias de manera ilegal por las constructoras, contrataciones fraudulentas que son desviadas a otros fines. "Todas esos movimientos constituyen estafas y fraudes que en estos momentos se están estudiando, en las que van a salir decisiones penales y administrativas, y que el dinero les sea devuelto a las familias afectadas", refirió el parlamentario.

“Celebraremos una reunión en la AN para que puedan intervenir las familias afectadas, presenten sus denuncias y nosotros, como legisladores, apoyaremos al Poder Ejecutivo en las tomas de cesiones y sanciones en beneficio de los afectados”, exclamó. Anunció que el Parlamento tomará decisiones en materia legislativa que complementen las atribuciones de carácter ejecutivo que se están tomando de trabajo de alto nivel.

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Reunión para este Sabado en la Asamblea Nacional‏ - URGENTE

El presente es para convocar para este día Sábado 25 de septiembre a las 8y30 am en el Salón Protocolar de la Asamblea Nacional a una reunión con autoridades del Alto Gobierno, Asamblea Nacional e instituciones involucradas a fin de encaminar todas las acciones para la solución de los casos denunciados en relación al cobro del IPC.

Todos aquellos que firmaron contratos con clausulas inflaccionarias, a quienes les estan obligando a firmar un nuevo contratos, para disfrazar el cobro del IPC asistan a este evento.

Es muy importante la asistencia masiva de TODOS LOS AFECTADOS , junto con sus familiares, amigos y todo el que lo pueda acompañar, para demostrar que somos un gran número de afectados e interesados en la pronta solución de éste problema que está desangrando a la familia venezolana.

CORRAN LA VOZ, NUESTRA ASISTENCIA ES MUY IMPORTANTE PARA LA PRONTA SOLUCION DE NUESTRO PROBLEMA. CONTAMOS CONTIGO!!

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Indepabis procesa más de mil 800 denuncias de personas afectadas por el cobro del IPC.

Más de mil 800 denuncias ha recibido el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), a través de las diversas oficinas que tiene dicha institución en todo el país, debido al cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y diversas violaciones en el área inmobiliaria.

Así lo expresó este miércoles, Aura Hernández Moreno, presidenta del Indepabis, desde la Sala Situacional de dicha institución en Caracas, donde se encuentra reunida con algunos de los afectados, quienes se acercaron para exponer su situación ante el abuso de las constructoras en el cobro del IPC y el incumplimiento en las contrataciones. Hernández manifestó que todas las denuncias recibidas han sido concretadas a través de expedientes abiertos para su investigación.

Explicó que el Indepabis ha tomado acciones, según lo establece la ley, con más de mil 300 medidas de prevención en todo el territorio nacional, con el fin de que así los propietarios puedan hacer uso de su inmueble; para que lo puedan ocupar o vender.

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Más de 300 prohibiciones de enajenar y gravar han sido establecidas sobre constructoras.

Más de trescientos medidas de prohibición de enajenar y gravar bienes, contra las inmobiliarias y constructoras, que con diversas artimañas violentan el acceso a la vivienda de más de 50 mil familias venezolana, ha establecido el Indepabis.

Las afirmaciones son del diputado Augusto Montiel y de Aura Hernández, presidenta del Indepabis, desde la sala situacional que, para atender la problemática del cobro ilegal del IPC; se estableció en este organismo donde participan la Asamblea Nacional, los ministerios de Comercio y Vivienda, así como la Vicepresidencia de la República. Esto significa que hasta que no haya una sentencia firme o una decisión sobre estos casos no se puede tomar ninguna acción de venta o entrega del inmueble.

Destacaron los funcionarios que el modus operandi convierte a estas empresas en mafias organizadas, para afectar el bolsillo de más de 50 mil familias venezolanas, llegando a casi 200 mil personas las afectadas directamente. Por ello en las últimas semanas ha habido una intensificación del trabajo, con la creación de una sala situacional donde los voceros y voceras de todos los comités y asociaciones de afectados, han hecho uso del derecho constitucional de corresponsabilidad en la gestión pública.

El Indepabis tiene hasta el momento 2 mil denuncias sustanciadas y está en un proceso de diagnóstico a nivel nacional para conocer la problemática y establecer las actuaciones que la ley prevé a fin de sancionar estas conductas irregulares que vulneran la tranquilidad y los derechos de la familia venezolana, señaló Aura Hernández.

Explicó Montiel que la ley establece sanciones desde la imposición de multas entre 100 a 5000 mil unidades tributarias y el cierre temporal o total de inmobiliarias que impiden el acceso a bienes. No obstante lo fundamental es que tienen que reintegrar el dinero cobrado en exceso y cada una de estas familias debe recibir su vivienda por la cual ha cancelado puntualmente.

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8.000 denuncias ha recibido el Parlamento por cobro ilegal del IPC.

El diputado Augusto Montiel, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, denunció que alrededor de 50 empresas constructoras disfrazan la aplicación del índice de precios al consumidor al valor de las viviendas en preventa ­prohibida por el Gobierno en 2009­ con cobros por términos como compensación o justiprecio.

Montiel informó que han recibido 8.000 denuncias de compradores que se niegan a realizar pagos adicionales a los establecidos en sus contratos.

Les están cobrando entre 50 millones y 200 millones de bolívares por conceptos que son un IPC disfrazado. Los amenazan con no entregarles el inmueble, además de retrasar la construcción para presionarlos. El Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios creó una sala situacional, según Montiel, para recibir las denuncias de los afectados y emprender las acciones correspondientes.

Hay que aplicar medidas administrativas e incluso abrir procesos judiciales, porque la forma de proceder de estas empresas puede tipificarse como estafa, afirmó.

Martini recordó que los problemas existentes con el suministro de insumos como acero y cemento pudieran ser la causa del retraso en algunos proyectos residenciales. Por eso, considera que el Gobierno debe escuchar la versión de los constructores y revisar cada caso de manera individual.

Roberto León Parilli, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores, dijo que lo mejor es buscar un equilibrio. En un país con la inflación que hay en Venezuela debe haber un mecanismo de ajuste de precios. Pero el cálculo del IPC no puede quedar en manos de los constructores sino de los organismos correspondientes.

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Más de 60.000 afectados por cobro ilegal de IPC.

La Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios denunció que empresas obligan a los compradores a firmar un nuevo contrato con un precio más elevado que el inicial

El presidente de la Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, Arnoldo Benítez, afirmó que son más de 60.000 los afectados en el país por la aplicación del índice de precios al consumidor, para ajustar el valor de las viviendas adquiridas en preventa.

Aunque la resolución 110 del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda prohibió el llamado cobro por IPC, diputados de la Asamblea han denunciado en los últimas días que hay constructoras que siguen exigiendo pagos por este concepto.

Benítez dijo que muchas empresas pretenden obligar a los compradores a cambiar el contrato original el cual fijaba un valor que luego se ajustaría en función del IPC, algo que ya no se puede hacer para firmar uno con un precio mucho más elevado que el inicial.

Aseguró que los aumentos por inflación no sólo están prohibidos por la resolución gubernamental sino que también contradicen la legislación vigente. "Los contratos que estipulaban el cobro de IPC son ilegales desde el mismo momento en que se firmaron". Por eso, no entiende lo permisivo que ha sido el Gobierno con esta práctica. "Eso de que se preocupan por las necesidades de la gente parece ser mentira. La mejor prueba es que no hay institución del Estado que haga cumplir la resolución 110", agregó.

El presidente de Fevacu expresó que el interés de los parlamentarios oficialistas por el tema es sólo una estrategia para sumar votos. "El Indepabis y la Fiscalía implementaron el año pasado un plan para recibir denuncias de los afectados sin mayores resultados. Ahora quieren revivirlo con fines electorales". Benítez hizo un llamado al TSJ para que emita una sentencia sobre la demanda que introdujeron en 2008, para exigir que los compradores de viviendas en preventa sean resarcidos por los pagos que hicieron por concepto de IPC.

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MinVivienda se sumó a la sala que canaliza medidas frente a estafas de constructoras.

El Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat se sumó este miércoles a la sala situacional que integran diversos organismos gubernamentales y representantes de las 167 mil familias afectadas por las estafas y otros ilícitos que han venido practicando empresas constructoras en todo el país.

La sala situacional en cuestión fue instalada el pasado lunes en la sede principal del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), ubicada en la avenida Libertador de Caracas.

El titular de Vivienda, Ricardo Molina, dijo que aún no se han definido cuáles serán las soluciones concretas, debido a la reciente instalación de la sala situacional, pero adelantó que la situación requiere cambios profundos en el sector construcción, más allá de las respuestas que las familias afectadas esperan en el corto plazo.

“Las soluciones serán muy diversas, todavía no se han acordado porque estamos empezando, pero más allá de eso, creo que debemos provocar cambios profundos. En mi opinión personal, estamos llegando a un punto de inflexión en cuanto al comportamiento de las constructoras privadas, que trabajan muchas veces con recursos del Fondo de Ahorro Habitacional, recursos que son de todos los venezolanos y son usados para beneficiar a grupos económicos particulares. Eso se tiene que acabar”, precisó.

Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional (AN) que coordina la sala situacional, Augusto Montiel, reiteró el llamado a todas las familias afectadas por el cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y otras irregularidades que practican las constructoras, para que se sumen a la iniciativa.

Montiel también indicó que la sala situacional funcionará, permanentemente, a nivel nacional y en espacios habilitados por todas las instituciones que participan: “Igualmente, una vez iniciado el periodo de sesiones ordinarias en la AN, a partir del próximo 15 de septiembre, habrá un espacio para todos los voceros y voceras de los comités de afectados”.

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