miércoles, 23 de septiembre de 2009

Subcomisión de Vivienda reunió a constructores para informarlos de la ley.


La diputada Laura Valls, presidenta de la instancia, aclaró que la Ley de Preventa de Vivienda en Proceso de Construcción o aún no Construida, una vez que sea aprobada en primera discusión será llevada a discusión en el marco del Parlamentarismo Social de Calle.

La presidenta de la Subcomisión de Vivienda y Hábitat, diputada Laura Valls, se reunió este martes con representantes de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, la Cámara de la Construcción, las cámaras regionales de los estados Carabobo y Lara y productores de inmuebles, a quienes les presentó el Proyecto de Ley de Preventa de Vivienda en Proceso de Construcción o aún no Construidas, el cual será aprobado este miércoles en la Comisión Permanente de Administración y Servicios.

La parlamentaria destacó que el fin de la reunión es establecer un mecanismo con los productores de inmuebles para la participación en el Parlamentarismo Social de Calle o en la elaboración de las propuestas, “de manera que la ley no salga con una imagen negativa para la calle pudiendo afectar lo que es la producción de inmuebles o las operaciones de compraventa o las preventas”.

Para tales efectos, la diputada les hizo entrega del proyecto de ley a los presentes advirtiendo que éste puede sufrir modificaciones leves, mañana cuando lo discuta el plenario de la comisión permanente. A la reunión no asistieron los directores de Inquilinato del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (Mopvi) y de Indepabis, quienes estaban invitados por su competencia en la ley. También asistieron los afectados, de Villa Paraíso, por una constructora de vivienda en el estado Carabobo.

La diputada Laura Valls informó que el objetivo principal de la Ley de Preventa de Vivienda en Proceso de Construcción o aún no Construida, es establecer normas claras tanto para los productores de inmuebles como para los compradores en la operación de compraventa, en las preventas de viviendas en construcción y por construir. En este sentido, dijo que el problema consiste en que no existían normas a través de las cuales se pudiera guiar a los productores de inmuebles o a los compradores, hay un vacío legal, “poner las normas claras, el juego claro tanto para los compradores como para los constructores”, asentó.

“Esta es una ley que, en las primeras reuniones que he venido sosteniendo con los organismos competentes, ha sido positiva, y para no perder el feed back en el desarrollo de la ley, están hoy aquí”, precisó Valls. La parlamentaria acotó que de las declaraciones del presidente de la República este lunes, se puede deducir que hay una intención clara del Gobierno de reactivar todo lo relacionado con la construcción, créditos, etc., de viviendas.

Enfatizó que esta ley viene a reforzar la intención gubernamental a través de la resolución del Mopvi en la que quedó abolido el cobro del Índice Nacional de Precios al Consumidor en materia de inmueble, “porque por un lado elimina el cobro inadecuado del IPC en materia de inmueble, pero, por otro lado, está creando una serie de mecanismos para incentivar la producción de vivienda, como es el programa de Construyendo Juntos tu Casa, a través del cual el Gobierno asume el urbanismo de los proyectos, asumiéndolo de manera no retornable, es decir, que el productor que trabaje con política habitacional y que sea dueño del terreno, no tiene que devolver lo que el gobierno vaya a invertir en la construcción del urbanismo”.

“El cobro inadecuado del IPC quedó abolido, derogado con la publicación en gaceta de la resolución del Mopvi y la ley refuerza todo lo que tiene que ver con eso”, enfatizó.

La asambleísta recalcó que el precio inicialmente pactado por el productor de inmuebles y los compradores, es el precio que debe permanecer y ejemplarizó que una persona compra en preventa por dos razones: para asegurar un precio hacia el futuro y para poder pagar una inicial fraccionada.

¡El cobro del IPC es ilegal, No lo pagues!

Directivos de Cavecompra apoyan ley que norme sistema de compras programadas.


El vicepresidente de la Cámara venezolana de Empresas Administradoras de Compras Programadas, Vicente Ferro, calificó de positiva la iniciativa de la AN de elaborar un proyecto de ley que norme el referido sistema. Tal apreciación la dio a conocer en la sede de la organización donde estuvo acompañado de otros directivos, quienes expresaron el total respaldo al trabajo que adelanta la Comisión de Finanzas en torno a la materia

En ese sentido explicó que la institución a su cargo se fundó hace unos 4 años, con el fin de reunir a las empresas más importantes del sector y convertirse en un centro de información tanto internamente como hacia el usuario final. Con relación a los aportes al texto de ley en elaboración, recomendó la exigencia de un capital mínimo, porque actualmente existen empresas con capitales registrados de mil bolívares fuertes, las cuales no son aceptadas en la organización, porque exigen un monto superior a los 500 mil Bs.F.

Asimismo, establecer en los contratos un porcentaje mínimo y máximo de gastos administrativos, los cuales deberán aparecer bien claros en los contratos, esto, aclaró, porque han descubierto que muchas empresas lo hacen arbitrariamente de acuerdo al momento y al cliente cautivo, quien al firmar el convenimiento no sabe cuánto pagará al final de la negociación. Dijo que estas fallas deberán ser corregidas en la futura ley para que el sistema pueda ser mucho más transparente y confiable para el usuario.

Añadió que estas series de recomendaciones han sido consignadas ante los integrantes de la subcomisión de Finanzas, a quienes les han expresado la total disposición de colaborar para que se concrete el documento.

Con respecto a las sugerencia, a los interesados en adquirir un bien a través de esta modalidad, citó en primer, lugar solicitar información, lectura completa del contrato de compra venta, al cual recomendó no firmar si la persona no está totalmente clara en su contenido, además de acudir a alguien de confianza; e igualmente investigar la trayectoria de la empresa debido a que existen muchas empresas que calificó de “piratas” y engañan a los compradores. Indicó que están agrupados en cuatro empresas, con una trayectoria de más de 19 años, pero quienes deseen incorporarse deben cumplir con varios requisitos mínimos y estrictos, entre estos, solvencia económica.

Precisó que por las razones antes expuestas están de acuerdo con una ley que los regule para que el usuario adquiera confianza, así como a las empresas que operan, además, de acabar con la mala imagen alrededor del negocio. Como ejemplo el caso de los bancos que funcionan en forma regulada. De allí que están muy interesados en la ley que elaborará la AN.

¡El cobro del IPC es ilegal, No lo pagues!